Resultados de medidas estructurales en el impacto de las bajas laborales en empresas.
La drástica caída de las bajas laborales por incapacidad temporal en nuestro país constituye una evidencia difícil de atribuir a un cambio de tendencia meramente cíclico o casual. Desde finales de 2007 hasta 2013 se ha producido un descenso del 45,6% en esas incidencias, según datos publicados por el Ministerio de Empleo. La explicación de este severo desplome está sin duda en la crisis económica –y en el consiguiente esfuerzo por no faltar al puesto de trabajo–, pero también en la reforma acometida por el Gobierno para frenar el absentismo laboral.
A finales de 2012, el Ejecutivo aprobó cambios en el régimen retributivo de la incapacidad temporal (IT) para todo el personal de la Administración. El objetivo de esa medida fue reducir el insostenible volumen de ausencias laborales de corta duración (menos de 15 días) que se contabilizaban cada año. La reforma aplica, a todos aquellos funcionarios y empleados públicos que causen baja por contingencias comunes, una reducción de salario del 50% durante los tres primeros días de incapacidad, que pasa a ser del 25% si esta se prolonga de cuatro a 20 días y que solo constituye el 100% del sueldo –que antes de la reforma se percibía desde el primer día– cuando la baja supera el límite de 21 días.
Además de este cambio en el sector público, la propia reforma laboral ha permitido a las empresas del sector privado reducir o eliminar de forma unilateral los complementos que existen en algunos convenios colectivos y que permiten retribuir al trabajador que causa baja con hasta el 100% del sueldo.
Pese a que no existen todavía datos individualizados de cómo ha incidido la reforma de la retribución por incapacidad laboral en el conjunto de las Administraciones, los sindicatos aseguran que la medida ha provocado que muchos empleados públicos opten por acudir a su puesto de trabajo enfermos para evitar el recorte de salario.
A nadie se le escapa que la lucha contra las bajas no justificadas puede provocar sobre el terreno injusticias puntuales, pese que este no sea el objetivo perseguido por la norma, pero el absentismo laboral en España ha constituido históricamente un serio problema económico y social, cuya incidencia está muy por encima de las cifras que manejan otros países de nuestro entorno. A todo ello se suma la existencia de redes criminales organizadas en torno a la Seguridad Social, como la que provocaba hace unos días la detención de más de 300 personas en tres operaciones policiales por un presunto fraude por valor de 7,7 millones de euros.
Es precisamente el perjuicio económico y social que el absentismo –y el fraude relacionado con él– causa tanto en el sector público como el privado lo que convierte el control de las bajas laborales en un asunto de atención prioritaria.
Fuente original: prevention-world.com
